Manuel Rodríguez

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Amenazas ambientales se han agravado en los últimos 15 años

 

Hace tres lustros, al mismo tiempo que nacía la revista CAMBIO, la historia del la protección del medio ambiente vivía un momento singular tanto en el ámbito global como en el doméstico.

En 1992, en la histórica Cumbre de la Tierra, reunida en Río de Janeiro, cerca de 190 países culminaron un esfuerzo gigantesco que se extendió por cerca de cinco años, y que permitió acordar un conjunto de políticas para enfrentar las amenazas ambientales mundiales: el calentamiento global, el declive de la capa de ozono, la destrucción de los bosques, la pérdida de la biodiversidad, la creciente escasez de agua dulce, el deterioro de las costas y el ambiente marino, la desertización, la pérdida de suelos y la proliferación de contaminantes orgánicos persistentes. Políticas que se formularon con el propósito de que fueran sostenibles desde las perspectivas social y económica, como pilares fundamentales de los acuerdos.

La respuesta del Gobierno de Colombia a los compromisos adquiridos en la Cumbre fue una de las más contundentes entre los países en desarrollo: incorporó más de 50 artículos sobre la protección del medio ambiente en la nueva Constitución, en 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, asignó sustantivos recursos económicos y lanzó nuevos programas para proteger nuestro patrimonio natural.

Pero los acuerdos globales que siguieron a la Cumbre, como las convenciones de cambio climático y biodiversidad, y el Protocolo de Kyoto, se han cumplido muy parcialmente y, en consecuencia, las amenazas ambientales se han agravado en los últimos 15 años, excepción hecha del fenómeno del adelgazamiento de la capa de ozono que, en virtud de un convenio firmado en 1989, está en vía de solución.

La situación es una expresión de las grandes dificultades existentes para enverdecer a los Estados, pues parecería que estos siguen considerando que el desarrollo económico justifica sacrificios ambientales de consideración.

La tierra prometida del desarrollo sostenible, acordada en la Cumbre de la Tierra hace 16 años, que haría compatibles el crecimiento económico y la conservación y buen uso del medio ambiente, parece estar muy lejana. Así lo demuestra el hecho de que no exista un solo país cuyo medio ambiente no se encuentre hoy en proceso de deterioro, o que no contribuya a la creación de los problemas ambientales globales. Un ejemplo de esto es el dramático aumento de la amenaza del calentamiento global, no obstante que desde hace 20 años hay una alta evidencia científica sobre la existencia del fenómeno y sus posibles consecuencias.

Entre tanto, ¿qué ha ocurrido en Colombia? Para establecerlo resulta útil el índice de desempeño ambiental de las Universidades de Yale y Columbia (2008), ya que es el único instrumento que establece la posición relativa de los países en un mundo en el cual, como se ha reiterado, la destrucción de la naturaleza y la contaminación continúan su marcha.

En este ranking Colombia ocupa el noveno lugar entre 149 países estudiados. ¿Es creíble? En un amplio análisis que adelanté sobre su significado y la forma de medición, incluyendo los albures de la estadística y de la calidad de la información, aparece claro que nuestro país, en el mejor de los casos, mantendría su posición como uno de los 10 países con mejor desempeño ambiental y, en el peor, ocuparía alguna posición entre los 45 primeros. Esta alta posición relativa de Colombia en protección ambiental ha sido recibida por muchos con no poco escepticismo. Y no es de extrañar puesto que más del 80 por ciento de los colombianos vivimos en áreas que registran crecientes fenómenos de deterioro ambiental, sobre todo en la región andina, valles interandinos y costa caribe. Pero dos factores explican principalmente el lugar que ocupa Colombia en el mencionado escalafón. En primer lugar,, el país contribuye muy poco al calentamiento global, porque la energía es fundamentalmente de origen hidroeléctrico, un asunto de alto peso en el índice Yale-Columbia. En segundo lugar, Colombia tiene grandes extensiones de bosques y otros ecosistemas relativamente protegidos gracias a decisiones que se tomaron en las últimas tres décadas del siglo pasado.

En efecto, entre 1964 y 1990 fue declarada cerca del 85 por ciento del área de parques nacionales con que cuenta hoy el país. Y entre 1970 y 2000 más del 95 por ciento del área que ocupan los resguardos indígenas y propiedades colectivas de las comunidades negras, creados con propósitos de justicia social y conservación. En su conjunto, todas estas modalidades representan el 45 por ciento del área continental del país, lo cual constituye una de las políticas más ambiciosas de protección de la biodiversidad del mundo. Una situación que, a similitud de las hidroeléctricas, tiene una alta incidencia en nuestro alto escalafón global.

En síntesis, los colombianos vivimos en un territorio ambientalmente escindido, con extensas áreas en deterioro, donde justamente vive la mayor parte de la población, y extensas áreas con grandes valores naturales, relativamente conservadas, pero que están sometidas a diversas presiones que atentan contra su integridad. Un ejemplo de ellas son las selvas de la cuenca del Pacífico y de parte de la región amazónica.

El formidable reto es, entonces, restaurar los daños ambientales ocasionados en ellas y protegerlas. Sin embargo, es un horizonte que se está alejando cada vez más, debido, entre otros factores, a que la institucionalidad y la política ambiental se han debilitado en los últimos años, y a que no estamos tomando las medidas requeridas para impedir que la gran transformación productiva por la que atravesamos, tipificada, entre otras cosas, por la conversión del país en minero y productor de biocombustibles, empeore aún más la situación.

Manuel Rodríguez Becerra
Publicado en: Revista Cambio, Septiembre 18 de 2008

 

 

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